El 6 de mayo participamos en la jornada sobre el derecho humano a la alimentación en España, organizada en el Congreso de los Diputados por la Fundación Daniel y Nina Carasso en el marco de su compromiso con la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y socialmente justos, con el apoyo de Ecored.
Una jornada pensada como espacio de diálogo político, social y académico en torno al reconocimiento y la garantía efectiva del derecho humano a una alimentación adecuada en España.
La ponencia inaugural bajo el título “El derecho a la alimentación: una urgencia democrática” estuvo a cargo de Ana Moragues, profesora titular de la Universitat de Barcelona y directora del Observatorio FARO. Una introducción clave para comprender la trascendencia de este derecho definido por la ONU en 1966 y que implica tener acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Los Estados deben ser garantes de este derecho del cual son titulares todas las personas, por lo que es imprescindible conocer qué población se encuentra en una situación de vulnerabilidad. El informe “Alimentando un futuro sostenible”, el primero sobre inseguridad alimentaria en España, indicaba que antes de la covid el 11,9 % de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria, mientras que después de la covid un 13,3 %. Un estudio posterior, indica el 11,6 %, lo que en su conjunto confirma que se trata de un problema estructural. Como tal tiene un vínculo con el trabajo, la salud, el acceso a energía y equipamientos, y el territorio, por lo que requiere soluciones sistémicas.
Partiendo de esta base, la jornada abrió el debate a través de tres mesas redondas con representantes institucionales, organizaciones sociales, entidades del tercer sector, cooperativas agroalimentarias y agentes del sistema alimentario, con el objetivo de construir una agenda común que impulse el derecho a la alimentación como una verdadera política de Estado.
A lo largo del encuentro se abordaron los principales desafíos y oportunidades para avanzar hacia un sistema alimentario más justo, saludable y sostenible, incorporando la perspectiva social, económica, ambiental, territorial y de derechos.
Alimentta presente entre las experiencias demostrativas desde el territorio
Isabel Cerrillo, socia fundadora de Alimentta, intervino en la mesa redonda “Territorialización de sistemas alimentarios ya en marcha”, moderada por David Sánchez, director de CECU.
El mensaje se centró en los datos que revela el informe “Hacia la transformación del sistema alimentario en España: sistema actual, impactos y escenarios de futuro” que recoge un diagnóstico de la situación actual y se hace una proyección del sistema alimentario a 2050, en dos escenarios: si todo siguiera igual (modelo Bussiness as Usual -BAU) y, un escenario alternativo (modelo BIO+) que supone una transformación en la producción, el comercio y el consumo alimentario. Ambos modelos son estimados bajo condiciones de cambio climático.
En el escenario BAU, continuista con el actual, se mantiene la exportación de una parte importante de la producción de alimentos, así como una alta dependencia a las importaciones de materias primas y alimentos para abastecer la cabaña ganadera y el consumo de la población. Esto coincide con una sobreutilización o extenuación de los recursos naturales, la desaparición del modelo familiar de producción agrícola y ganadera, y un consumo marcado por dietas poco saludables.
En el modelo BIO+ la producción se transforma al manejo agroecológico, se prioriza el consumo humano y doméstico, sin depender del extranjero. En cuanto a la pesca, se impulsa un modelo sostenible de cercanía, restringiendo las artes de pesca intensivas, eliminando la pesca en aguas no comunitarias, fortaleciendo la acuicultura solo de bivalvos y reduciendo descartes de pesca.
Estas transformaciones posibilitan una dieta saludable y sostenible para toda la población, siguiendo las recomendaciones de EAT Lancet Comission:
- Aumenta el consumo de legumbres (+200 %), hortalizas (+100 %), fruta (+52 %) y cereales (+5 %).
- Disminuye el consumo de carne (-79 %), huevos (-70 %), lácteos (-54 %), azúcar (-50 %), pescado (-40 %) y aceites procesados (-23 %).
- Solo se contempla el uso de aceite de oliva virgen extra (AOVE), eliminando el resto de aceites vegetales.
- La reducción de la dependencia a combustibles fósiles y energías no renovables en en el sistema alimentario conlleva una reducción de hasta en un 84 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, convirtiendo la alimentación en una aliada en la mitigación del cambio climático en lugar de una amenaza.
A continuación, en la mesa de proyectos demostrativas también compartieron su experiencia la Cooperativa de Viver que opera desde el interior de Castellón (Valencia); GIASAT, que acompaña a ocho centros agroecológicos de distribución; la Red de Municipios por la Agroecología, asociación estatal que impulsa políticas alimentarias locales sostenibles, inclusivas y respetuosas con el medioambiente; y el supermercado cooperativo Biolíbere, que recientemente ha lanzado un proyecto piloto sobre Seguridad Social Alimentaria.
Este innovador concepto sigue los pasos de la seguridad social sanitaria, combinando la garantía del derecho a la alimentación con una transición de la producción siguiendo principios agroecológicos. Inspirado en la reconocida experiencia de Montpellier, el proyecto de Biolíbere busca extraer y sistematizar aprendizajes desde la práctica. En este primer piloto en Getafe participan 30 personas que reciben una asignación mensual fija para la adquisición de alimentos agroecológicos entre febrero y noviembre de 2026.