La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado la bancarrota global del agua en un informe en el que manifiesta que la disponibilidad y utilización de este recurso ha superado un nuevo umbral crítico. Por ello reclama un cambio que supere el enfoque de ‘crisis del agua’, que se ha venido aplicando por décadas sin resultados.
El informe, recientemente publicado por el Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de Naciones Unidas, invita a adaptar el enfoque de la bancarrota porque urge una aproximación transversal y radical en la manera en la que se gestiona este recurso indispensable.
En demasiados lugares ya se ha llegado a un estado de no retorno, en el que ríos, lagos, humedales y glaciares se han reducido o desaparecido, con acuíferos de los que se ha extraído agua hasta generar intrusiones marinas, con bosques y turberas secándose y quemándose, o con ciudades sin abastecimiento de agua. Esto impide las posibilidades de recuperación y obliga a asumir nuevos modelos de gobernanza, justicia, seguridad y economía política, a la vez que un lenguaje diferente.
¿Cómo llegamos a la bancarrota?
De la extracción masiva de agua global, un 70 % se destina a la agricultura, siendo además una de las principales actividades contaminantes del agua por el uso de agroquímicos. Eso contrasta con que 2.200 millones de personas aún carecen de agua potable gestionada de forma segura, 3.500 millones carecen de saneamiento gestionado de forma segura y 4.000 millones sufren una grave escasez de agua durante al menos un mes al año.
La industrialización agraria también hace un uso intensivo del suelo, degradando los ciclos nutrientes y su contenido de materia orgánica, reduciendo su capacidad de retención de humedad y acelerando la transición de las tierras áridas hacia la desertificación. De hecho, no sorprende que la escasez esté cada vez más provocada o intensificada por actividades humanas y sea extremadamente costosa, disparando en el mundo los conflictos por el agua.
Regadíos en España
El caso de la agricultura en España es paradigmático. La predominante vocación agroexportadora se refleja en que los cultivos de secano tradicionales se han visto reemplazados por cultivos de regadío, intensificado en las provincias semiáridas del sur y el arco mediterráneo. A pesar de la inversión pública en la modernización del regadío para ahorrar agua, la creciente presión agrícola ha llevado al límite los recursos superficiales trasladándose al uso intensivo de las aguas subterráneas y generando mayores consumos. Todo esto ha profundizado la escasez hídrica estructural, convirtiendo al sector agrario en uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que en dichas provincias es donde se prevén más aumentos de temperaturas y reducción de precipitaciones.
Según el informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua, los regadíos constituyen el 80 % del agua utilizada en España, en comparación con el 15% destinado al abastecimiento y el 5 % a la industria. En términos de explotaciones, el regadío está asociado a la expansión de la producción intensiva o agroindustrial, que se concentra en grandes explotaciones. En términos de reparto del agua, el 14 % son grandes explotaciones que gestionan el 62 % de la superficie regable, mientras que las de tipo familiar y a tiempo parcial representan el 70 % de las explotaciones y disponen solamente de un 14 % de la superficie regable.
Transición agroecológica para salir de la bancarrota
El enfoque de bancarrota no aboga por una vuelta a la «normalidad», sino que huye de medidas tan poco exitosas como las restricciones de uso del agua sin considerar las tipologías de explotaciones agrícolas o el aumento de eficiencia en su gestión.
Las soluciones pasan por reformas en el desarrollo rural y la diversificación económica. Se requiere avanzar en una transición agroecológica que contribuya a mejorar la estructura del suelo, la reposición de nutrientes y de materia orgánica mejorando la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. También regular el ciclo del agua de manera justa, reestructurando los derechos de uso con criterios de función social y ecológica, con una contabilidad transparente de quién usa cuánta agua, bajo qué autoridad y con qué impactos en los demás usuarios y en los ecosistemas.
Esto coincide con los resultados del informe “Hacia la transformación del sistema alimentario en España: situación actual, impactos y escenarios futuros”, publicado por Alimentta, donde se realiza una proyección a 2050 comparando un modelo de producción agropecuaria continuista (BAU) y un modelo alternativo que incorpora un conjunto de medidas agroecológicas (BIO+). En ambos escenarios se estiman los consumos hídricos de las superficies agrarias a partir de balances a nivel provincial, considerando sus condiciones biofísicas y los escenarios de cambio climático.
En el modelo BIO+ se establecen transformaciones paulatinas de la superficie agraria, empezando por las dedicadas a cultivos intensivos destinados a pienso para la cabaña ganadera y que utilizan sistemas de riego no tradicionales. El resultado indica que una reducción de 3.200 hectáreas de invernadero y de 163.000 hectáreas de regadío al aire libre ajustaría la demanda de riego a la disponibilidad de agua según los planes hidrológicos vigentes de las Demarcaciones Hidrográficas españolas.
Un cambio en el 10% de la superficie agraria en España
Este ajuste a la disponibilidad hídrica no representa un cambio drástico, ya que se trata de convertir un 10% de la superficie agraria en España. Esta transición agroecológica no solo contribuiría a un sector más resiliente al cambio climático, también permitiría ampliar la producción de alimentos sanos, la reducción de la contaminación y la recuperación de los ecosistemas afectados por la agricultura industrial, con especial énfasis en la recuperación de los sistemas hídricos.
Ya existe suficiente evidencia empírica sobre los beneficios de la perspectiva agroecológica para el uso sostenible del agua, la salud del suelo y de los ecosistemas, así como de la capacidad adaptativa y resiliencia ante eventos hidroclimatológicos extremos.
Por ello, ante un claro escenario de bancarrota del agua, urge una transición acompañada de un nuevo modelo de gobernanza multinivel que considere las capacidades de carga de los sistemas hídricos en un contexto de cambio climático.