Estudio «Alimentando un futuro sostenible»

Feb 2022

Autora invitada: Dra. Ana Moragues Faus.

¿Cuántas personas no pueden permitirse alimentos suficientes en cantidad y calidad en España para tener una vida saludable y digna? ¿Qué hay detrás de las crecientes “colas del hambre”? ¿Tenemos garantizado el derecho humano a una alimentación adecuada en nuestro país? ¿No merecemos todas las personas una alimentación sostenible que sea buena para nuestra salud y bienestar, nuestros territorios y el planeta?

Estas preguntas inspiran el estudio “Alimentando un futuro sostenible” que he tenido el privilegio de liderar desde la Universidad de Barcelona (UB) y financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso (FDNC). El informe mide por primera vez en España los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares españoles antes y durante la COVID-19, es decir, el número de personas que carece de un acceso regular a la cantidad necesaria de alimentos inocuos y nutritivos capaces de asegurar su crecimiento y desarrollo normal.

La importancia de visibilizar la inseguridad alimentaria

En España los niveles de inseguridad alimentaria no se miden de forma rutinaria, lo que contribuye a invisibilizar este problema. Es importante, y muy especialmente en el momento actual, conocer el alcance y la naturaleza de la inseguridad alimentaria en nuestro territorio para diseñar intervenciones efectivas. Es más, existen una serie de experiencias relacionadas con esta vulnerabilización alimentaria que son visibles y/o se contabilizan, como las colas en los bancos de alimentos o cuántas familias tienen becas comedor. Pero hay muchas experiencias que no conocemos, e incluyen desde la ansiedad de no saber si tendrán suficientes alimentos al final del mes, la fatiga debida a una dieta de baja calidad, saltarse comidas para alimentar a menores, depender de familiares o amigos para comer, acudir a la escuela sin desayunar o directamente experimentar hambre. Necesitamos entender y visibilizar esta problemática, ya que lo que no se mide, difícilmente se gestiona.

Conocer los niveles de inseguridad alimentaria es también esencial para monitorear el compromiso internacional que existe en España con el cumplimento del derecho a la alimentación adecuada, mediante la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. En este contexto, el objetivo de este estudio es aportar evidencia científica sobre el problema de la inseguridad alimentaria en España pre y durante la pandemia COVID-19 con el fin de visibilizar la importancia de la alimentación sostenible para construir sociedades sanas, prósperas y justas.

Metodología

Para llevar a cabo esta medición, se ha realizado una encuesta representativa a los hogares españoles, utilizando la escala FIES (Experiencia de inseguridad alimentaria) propuesta por la Organización para la Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas e internacionalmente reconocida. Además de dicha escala y para alcanzar una mayor exactitud en los resultados, se han tenido en cuenta otros datos relevantes como son el nivel de ingresos en el hogar, la precariedad laboral, la recepción de ayudas o el estado de salud de sus miembros.

Resultados

Los resultados muestran que un 13.3% de la población española, es decir, más de 6 millones de personas en España, no pueden acceder a alimentos adecuados de forma rutinaria, con graves consecuencias para su bienestar físico y psicológico y para el conjunto de la sociedad. Esta cifra equivaldría a que toda la población de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares juntas experimenten esta problemática.

Con la irrupción de la COVID-19, el número de hogares que experimentan inseguridad alimentaria ha pasado del 11.9% al 13.3%, lo que suma a un total de 656.418 personas más, dato que demuestra que el problema es estructural y no producto de una determinada coyuntura o crisis económica.

Existen diferentes niveles de inseguridad alimentaria, desde la preocupación por poder acceder a suficientes alimentos, a comprometer la calidad de los mismos y por último la cantidad. En este sentido, casi un millón de hogares españoles (975.249), con un total de 2.438.124 personas, ha tenido que reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos, es decir, sufre inseguridad alimentaria grave. En España, esta inseguridad alimentaria grave se ha duplicado desde que empezó la pandemia de la COVID-19. Los resultados de este trabajo evidencian que en España no se garantiza el derecho a la alimentación adecuada y que el país se encuentra lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: hambre cero.

El estudio también ofrece una primera caracterización del tipo de hogares que sufren inseguridad alimentaria. En primer lugar, se constata que, en términos generales, los indicadores de inseguridad alimentaria se manifiestan de forma más acusada en los hogares con un nivel socioeconómico más bajo y/o aquellos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes. En esta línea, la investigación establece una relación clara entre la incidencia de inseguridad alimentaria y los casos donde todos o algunos de los miembros del hogar se encuentran en condiciones laborales precarias. Asimismo, el análisis de los resultados pone de manifiesto que la inseguridad alimentaria también tiene una relación clara con hogares donde habitan personas con exceso de peso, una enfermedad crónica y alguna discapacidad. En la encuesta también se pregunta si los hogares disponen de equipamiento para almacenar y cocinar alimentos frescos, de lo cual se desprende que más del 18% de los hogares tiene esta infraestructura, pero restringen su uso. Estos datos muestran la relación que existe entre la inseguridad alimentaria y otros tipos de estrategias a las que recurren los hogares vulnerabilizados, como la pobreza energética.

La investigación también ha explorado el rol de las ayudas públicas y privadas para contrarrestar la experiencia de inseguridad alimentaria. Los hogares españoles en su conjunto reciben diferentes ayudas monetarias, concretamente: un 57% de hogares las reciben de la Administración Pública y un 13% de familiares, amigos o vecinos. Los apoyos en forma de alimentos o para acceder a los mismos, llegan a un 22% de hogares españoles, y provienen principalmente de familiares bancos de alimentos, amigos o vecinos, así como de iniciativas de autoconsumo. El autoconsumo, relacionado con iniciativas como huertos, supone una vía de obtención de alimentos para el 11,7% de los hogares, que es utilizada tanto por hogares que sufren inseguridad alimentaria como aquellos que son seguros. Si no consideramos el autoconsumo, el 10,7% de los hogares españoles reciben ayudas para acceder alimentos. En los hogares que sufren algún tipo de inseguridad alimentaria, además del apoyo por parte de las administraciones, las familias juegan un rol esencial ya que más del 36% de estos hogares recibe ayuda monetaria de familiares y más del 33% lo hace en forma de alimentos o expresamente para acceder a los mismos. Por tanto, las redes familiares, sociales y comunitarias están jugando un rol esencial a la hora paliar la experiencia de la inseguridad alimentaria en los hogares.

Llamamiento urgente a la acción

Con este estudio ponemos de relieve la importancia de acceder no solo a una cantidad suficiente de calorías y nutrientes para llenar estómagos, sino de la necesidad de alimentarse de forma sostenible para poder disfrutar de vidas sanas y dignas, y a su vez, movilizar la alimentación como una herramienta para atajar los retos ecológicos actuales y generar prosperidad, salud y justicia social. El informe señala cómo la inseguridad alimentaria es un problema estructural que necesita un abordaje integral, a través de acciones políticas y sociales que pongan la mirada en conseguir una alimentación sostenible, es decir, producir, transformar, distribuir, adquirir y consumir alimentos de forma que beneficie a las personas, al planeta y a los territorios.

A la vista de los resultados obtenidos con este trabajo, hacemos un llamamiento urgente para incluir la medición de los niveles de inseguridad alimentaria en estadísticas de alcance nacional, que permitan monitorear el estado del derecho a la alimentación sostenible y cómo se garantiza. Es necesario promover medidas y políticas centradas en las personas y su dignidad a la hora de garantizar el derecho a la alimentación sostenible y así construir una sociedad más justa que asegure un planeta vivible para las generaciones futuras.

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