El fraude alimentario en el sector de la pesca y la acuicultura podría afectar a uno de cada cinco productos comercializados en el mundo. Así lo advierte la FAO en su informe «Fraude alimentario en el sector de la pesca y la acuicultura» publicado este 2026.
El documento ofrece el análisis más completo hasta la fecha sobre un problema que impacta en la salud pública, la economía y los ecosistemas marinos.
Las cifras de fraude en productos del mar no son anecdóticas
La probabilidad estimada de fraude en este sector alcanza el 20,6 %, una cifra superior a la registrada en la carne (13,4 %) o en frutas y hortalizas (10,4 %).
La magnitud del fenómeno se explica por varios factores estructurales:
- Producción y consumo mundial elevados: 185,4 millones de toneladas en 2022, con un consumo medio de 21 kg por persona al año.
- Comercio complejo y globalizado: participan 230 países y territorios, con un valor cercano a 195.000 millones de dólares.
- Gran diversidad de especies: más de 13.700 especies acuáticas registradas en la lista ASFIS de la FAO.
A ello se suman la transformación industrial, el alto valor comercial y el carácter perecedero del pescado, que incrementan su vulnerabilidad ante el fraude.
Qué es y cómo se produce el fraude alimentario
El fraude alimentario consiste en alterar, ocultar o falsear las características de un alimento, por ejemplo el origen, la composición o el método de captura o producción, incumpliendo la normativa o los estándares establecidos. Se trata de una práctica intencionada que busca engañar sobre lo que realmente es un alimento, con el objetivo de obtener un beneficio económico indebido.
El informe identifica múltiples formas de fraude alimentario, pero dos destacan por su frecuencia:
- Sustitución de especies.
- Etiquetado incorrecto: hasta el 20 % de los productos pesqueros a nivel mundial están mal etiquetados.
Otros ejemplos de las prácticas más comunes de fraude son:
- Adulteración: añadir agua o colorantes al atún para aparentar frescura.
- Sustitución de especies: vender tilapia como pargo rojo o salmón de acuicultura como salvaje.
- Sobreproducción fuera de cuota: capturas por encima de los límites legales y comercialización fuera del sistema regulado.
- Manipulación y reetiquetado: cambiar fechas de caducidad o el origen declarado.
- Desviación comercial y robo: introducir productos fuera de los circuitos autorizados.
El fraude es especialmente frecuente en restaurantes y servicios de catering, donde la identificación visual resulta más difícil. En la Unión Europea, un tercio de los servicios de restauración colectiva sirvieron pescado mal etiquetado, siendo la panga uno de los sustitutos más habituales.
Riesgos sanitarios y pérdida de calidad
No saber qué se está consumiendo tiene consecuencias. El problema no es solo económico, ya que afecta directamente a la seguridad alimentaria porque el fraude puede ocultar:
- Contaminantes y toxinas
- Residuos de medicamentos veterinarios
- Patógenos o alérgenos no declarados
Además, vender productos previamente congelados como frescos no solo es un engaño a las personas consumidoras, sino que favorece el crecimiento bacteriano. Existen también diferencias nutricionales relevantes entre pescado salvaje y de acuicultura, especialmente en el perfil de ácidos grasos y el contenido total de grasa.
Impacto económico y ambiental
El fraude alimentario genera beneficios ilegítimos para quienes lo practican, pero implica costes para consumidores y empresas honestas. El problema es que distorsiona el mercado y socava la confianza de las personas consumidoras.
Las implicaciones ambientales son igualmente graves. La comercialización de capturas ilegales o por encima de cuota agrava la presión sobre especies amenazadas y dificulta la gestión sostenible de los recursos marinos.
Acciones para combatir el fraude alimentario
Desde 2018, la FAO ha reforzado su trabajo para cuantificar y prevenir el fraude con publicaciones específicas sobre panorama global del fraude en el sector pesquero (2018), intención, gestión y detección (2021) y estrategias normativas nacionales e internacionales para combatirlo (2022).
El nuevo informe destaca cinco herramientas clave:
- Trazabilidad y taxonomía como primera línea de defensa.
- Legislación y estándares internacionales, incluidos los desarrollados por FAO y el Codex Alimentarius.
- Estándares privados reconocidos por la GFSI, que exigen planes de prevención en la cadena de suministro.
- Métodos analíticos basados en proteínas, útiles aunque limitados en productos procesados.
- Tecnologías basadas en ADN y secuenciación avanzada (NGS), capaces de identificar especies incluso en alimentos altamente transformados.
La combinación de regulación sólida, controles eficaces y herramientas científicas avanzadas se perfila como la vía más eficaz para reducir el problema.
Un reto estructural del sistema alimentario
El informe concluye que el fraude alimentario no es un fenómeno aislado, sino una vulnerabilidad estructural de cadenas de suministro largas, globalizadas y opacas. Combatirlo requiere cooperación internacional, armonización normativa y mayor transparencia.
En un contexto de transición hacia sistemas alimentarios más saludables, sostenibles y justos, garantizar que el pescado que llega al plato es realmente lo que declara ser no es solo una cuestión de confianza: es una condición básica para proteger la salud, la economía y los océanos.
Al final, hablar de fraude alimentario es hablar de la credibilidad del sistema alimentario global.