La forma en que producimos, transformamos y consumimos alimentos depende de marcos regulatorios y legislativos que controlan, con mayor o menor rigor, la presencia de compuestos potencialmente nocivos para la salud.
Durante las últimas décadas se ha acumulado evidencia científica sólida que demuestra una relación causal entre la exposición vía digestiva a determinados contaminantes presentes en los alimentos, y la aparición de múltiples efectos adversos para la salud, lo que se traduce en una carga económica significativa para los sistemas sanitarios.
Entre los compuestos contaminantes de los alimentos de mayor relevancia sanitaria se encuentran los disruptores endocrinos (endocrine-disrupting chemicals, EDC), un grupo heterogéneo de sustancias químicas sintéticas ampliamente utilizadas en procesos industriales, productos de consumo y prácticas agrícolas. La población está expuesta a estos compuestos de manera cotidiana y, una vez incorporados al organismo, pueden interferir con la señalización hormonal, alterando funciones fisiológicas esenciales (HEAL, 2014; La Merrill et al., 2020).
Algunos EDC corresponden a principios activos de herbicidas, fungicidas e insecticidas empleados en la agricultura convencional, como el DDT o el clorpirifos, o a coformulantes utilizados en productos fitosanitarios, por ejemplo, los polietoxilatos de nonilfenol. Otros EDC forman parte de los materiales empleados en el procesado y envasado de alimentos, como el bisfenol A (BPA), utilizado en el recubrimiento interno de latas de conserva, o los ftalatos presentes en determinados envases plásticos de PVC (Trasande et al., 2022).
Desde hace más de tres décadas, la comunidad científica ha advertido sobre los efectos de estos productos asociados a la salud humana, tanto por su ingesta a través de los alimentos como por su exposición en la actividad agraria. Esto es lo que se conoce como exposición ambiental, y se estima que está implicada en un 70 % al 90 % de los casos de enfermedades crónicas, así como en aproximadamente el 23 % de las muertes prematuras (Prüss-Ustün et al., 2017, Rappaport and Smith, 2010).
Hasta que exista una regulación adecuada sobre estos compuestos, la literatura científica ya aporta evaluaciones económicas que estiman el impacto de la exposición poblacional a estas sustancias en términos de carga para los sistemas sanitarios.
Riesgos para la salud a través de pesticidas y plásticos
La evidencia disponible es amplia y consistente. El Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia (INSERM) ha documentado una asociación significativa entre la exposición ambiental a pesticidas organofosforados (muchos de ellos con propiedades EDC) y la aparición de linfoma no Hodgkin, y alteraciones cognitivas y motoras (Expertise Collective, 2022). Asimismo, la exposición a plásticos relacionados con el procesado de alimentos que contienen EDC, se ha relacionado con una reducción del coeficiente intelectual en población infantil (Cropper et al., 2024; Larsen y Sánchez-Triana, 2023). En el caso particular del bisfenol A (BPA) y sus análogos, un grupo de los EDC más estudiados y con mayor repercusión mediática, numerosos estudios han demostrado su asociación con obesidad (Beausoleil et al., 2018; Do et al., 2017; Reina-Pérez et al, 2022), diabetes tipo 2 (Magliano et al., 2021), hipertensión arterial (Arrebola et al., 2015) y neurodesarrollo (Rodríguez-Carrillo et al., 2019). Las agencias reguladoras europeas reconocen que este compuesto interfiere con el desarrollo de la glándula mamaria, la función cognitiva, el metabolismo y las funciones reproductivas (EFSA 2023). A pesar de ello, el BPA y algunos de sus monómeros continúan comercializándose, aunque la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) lo ha clasificado como sustancia extremadamente preocupante (SVHC, por sus siglas en inglés), una categoría que refleja la necesidad de una regulación estricta (Pouzaud et al., 2018; Mustieles et al., 2020).
Diversos estudios señalan, además, que los EDC pueden producir efectos adversos en el desarrollo de órganos como el cerebro, la próstata o los ovarios incluso a niveles de exposición considerados actualmente “seguros” por las autoridades sanitarias (Prins et al., 2019) que pueden conducir al desarrollo de cáncer en órganos dependientes de las hormonas (Pastor-Barriuso et al, 2026; Costas et al., 2024). Sustancias como el DDT, su metabolito DDE, el mismo BPA o los ftalatos, interfieren en la acción hormonal durante etapas críticas del desarrollo, por lo que la exposición prenatal resulta especialmente preocupante en determinadas edades y momentos del desarrollo, y sitúan a la mujer fértil y gestante en un momento de máxima vulnerabilidad (Birks et al., 2016; Castiello et al., 2023).
Sobre la presencia de EDC en alimentos y las limitaciones regulatorias
A pesar de ciertas restricciones y prohibiciones, así como el establecimiento de niveles máximos de residuos de pesticidas en alimentos, lo cierto es que casi el 50% de los productos que se consumen en Europa presentan uno o más residuos de pesticidas, algunos de los cuales son EDC. En lo que respecta a los alimentos producidos en la Unión Europea, los mayores niveles de residuos (incluidos los EDC) se han identificado en uvas, pasas, plátanos y arándanos. En productos importados, las concentraciones más elevadas se detectan en uvas, mandarinas, limas y naranjas (PAN, 2024).
Entre los pesticidas con propiedades EDC detectados con mayor frecuencia se encuentran el carbendazim, el linurón, el propiconazol y el clorprofam. Aunque la normativa europea establece límites máximos de residuos considerados “seguros”, numerosos autores señalan que estos umbrales resultan insuficientes y excesivamente permisivos (Kassotis et al., 2020). Dichos límites no incorporan aspectos clave de la toxicología de los EDC como:
- Respuestas dosis-efecto no monotónicas. Las exposiciones a dosis bajas pueden producir efectos biológicos más perjudiciales que las dosis altas.
- La existencia de ventanas críticas de susceptibilidad, por ejemplo, durante la gestación, la infancia o la pubertad (Castiello et al., 2023).
- Los efectos combinados de múltiples sustancias o efecto cóctel (Vinggaard et al., 2020; Braun et al., 2024).
- La aparición de daños subclínicos con manifestación tardía o los efectos transgeneracionales mediados por mecanismos epigenéticos (los efectos de la exposición en las generaciones actuales pueden repercutir en las siguientes) (HEAL, 2014; PAN, 2024).
Por otra parte, a pesar de la prohibición de algunos EDC en la Unión Europea, determinados pesticidas que los contienen siguen siendo fabricados y comercializados en terceros países y posteriormente importados a Europa a través de productos alimentarios. Como consecuencia, la probabilidad de detectar residuos de pesticidas prohibidos es aproximadamente el doble en alimentos importados que en productos de origen comunitario (PAN, 2024).
Impacto económico de la falta de regulación
Hasta que exista una regulación adecuada sobre estos compuestos, la literatura científica ya aporta evaluaciones económicas que estiman el impacto de la exposición poblacional a estas sustancias en términos de carga para los sistemas sanitarios. Dichas estimaciones incluyen tanto los costes directos (hospitalizaciones, atención médica, tratamientos y cuidados domiciliarios) como los costes indirectos, entre ellos la pérdida de productividad laboral, las discapacidades y la mortalidad prematura, entre otros.
Inicialmente, el informe de HEAL (2014) estimó que las patologías asociadas a la exposición a EDC generan en la Unión Europea un gasto anual de entre 13.000 y 31.000 millones de euros. Estas cifras abarcan trastornos de la reproducción y la fertilidad, anomalías genitales en población pediátrica masculina, cánceres hormono-dependientes, trastornos del neurodesarrollo (incluyendo autismo y TDAH), obesidad y diabetes.
Posteriormente, un conjunto de estudios publicados en 2015-2016 estima que la exposición a EDC podría suponer para la Unión Europea un coste anual de aproximadamente 150.000 millones de euros al año, considerando tanto los gastos sanitarios directos como los costes indirectos asociados, aunque la horquilla de estimación sitúa su máximo en 217.000 M€ (1.28% del PIB europeo) (Bellanger et al., 2015; Hauser et al., 2015; Legler et al., 2015; Malits et al., 2022; Trasande et al., 2015).
- El mayor impacto económico corresponde a la pérdida de coeficiente intelectual y a otros déficits neurocognitivos asociados a la exposición prenatal a pesticidas organofosforados, con estimaciones que oscilan entre 46.800 y 195.000 M€ anuales.
- La obesidad en adultos constituye el segundo componente de mayor coste, estimado en 15.600 M€ anuales (Legler et al., 2015).
- En relación con la salud femenina, los EDC contribuyen a trastornos cuyo impacto económico se estima en 1.410 M€ anuales en la Unión Europea, principalmente debido a los fibromas uterinos y la endometriosis (Hunt et al., 2016; Trasande et al., 2017).
- De forma específica, la exposición al BPA se ha asociado a un coste anual estimado de 1.700 M€ vinculado a la obesidad infantil (Attina et al., 2016).
En España, Trasande et al. (2017) estimaron un coste total asociado a la exposición a disruptores endocrinos de aproximadamente 14.000 M€ anuales, equivalente a unos 305 euros per cápita. Los principales componentes de este impacto incluyen la pérdida de capacidad cognitiva asociada a PBDE y organofosforados, así como la obesidad y la diabetes relacionadas con ftalatos y BPA. Estudios de ámbito local refuerzan estas conclusiones, como el de Pérez Carrascosa et al. (2022) en dos municipios de Granada, estimando que la exposición a mezclas de contaminantes orgánicos persistentes se asocia a un coste sanitario de 14.130 euros por habitante en el sistema público de salud andaluz.
Resultados similares se han observado fuera de Europa. En Estados Unidos, se estimó un coste sanitario de 249.000 millones de dólares americanos en 2018 atribuible a enfermedades asociadas a la exposición a compuestos químicos presentes en plásticos, equivalente al 1,22 % del PIB (Trasande et al., 2024). En Canadá, el impacto económico anual se ha estimado en 24.600 millones de dólares canadienses (1,25 % del PIB), con especial contribución de PBDE, ftalatos, organofosforados, DDE y BPA (Malits et al., 2022).
Dieta ecológica: impacto positivo en salud y ahorro económico
La evidencia científica acumulada durante las últimas décadas demuestra de manera consistente que la exposición alimentaria a EDC tiene un impacto profundo y multifactorial sobre la salud humana, con consecuencias que abarcan desde alteraciones neurocognitivas en la infancia hasta trastornos metabólicos, reproductivos y hormonales en la edad adulta.
Estos efectos no se limitan a dosis elevadas; incluso exposiciones consideradas “seguras” por los estándares regulatorios actuales pueden generar daños significativos, especialmente durante ventanas críticas de desarrollo como la gestación, la infancia temprana y la pubertad. El carácter acumulativo y sinérgico de los EDC, los denominados efectos “cóctel”, junto con la presencia de contaminante en productos importados desde terceros países, hace que la exposición global sea mucho más compleja y difícil de controlar de lo que reflejan los límites legales de residuos.
Estas cifras, además de evidenciar la magnitud del problema sanitario, ponen de relieve un desajuste entre la regulación vigente y la realidad de la exposición. A pesar de prohibiciones parciales y límites máximos de residuos, la persistencia de EDC en alimentos, la presencia de productos importados con contaminantes prohibidos y la falta de consideración de efectos combinados o transgeneracionales indican que los marcos legislativos actuales son insuficientes para proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables como los niños, las mujeres embarazadas y la población con condiciones de salud preexistentes.
Desde un enfoque socioeconómico, estas observaciones obligan a replantear la relación entre costes y beneficios de la producción alimentaria convencional. Los debates que consideran únicamente los costes económicos de la transición hacia un modelo alimentario más sostenible y saludable ignoran los costes ocultos derivados de la exposición química continua.
Invertir en la reducción de EDC en la cadena alimentaria –mediante políticas que promuevan la agricultura ecológica, la minimización de residuos químicos, la sustitución de envases plásticos por materiales seguros y la educación sobre patrones dietéticos saludables– no solo tendría un impacto positivo sobre la salud pública, sino que podría generar ahorros económicos significativos a medio y largo plazo, al reducir la carga de enfermedad prevenible y los costes asociados a la atención sanitaria y la pérdida de productividad.
Finalmente, la evidencia recopilada sugiere que la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y saludables no debe concebirse únicamente como un imperativo ambiental o ético, sino también como una estrategia de eficiencia económica y protección social. Al reconocer los impactos directos e indirectos de los EDC, se subraya la necesidad de políticas públicas integradas que consideren simultáneamente la seguridad química, la sostenibilidad alimentaria y la prevención de enfermedades crónicas.
La transformación del sistema agroalimentario, lejos de ser un gasto, constituye una inversión en salud, equidad y resiliencia económica, capaz de reducir de manera sustancial la carga sanitaria atribuible a los contaminantes químicos en los alimentos y garantizar un futuro más seguro y saludable para las generaciones presentes y futuras.
Por ello, las preguntas que deberíamos plantearnos son las siguientes.
- ¿Somos conscientes de que los productos alimentarios que ingerimos pueden convertirse, a largo plazo, en un factor determinante en la aparición de enfermedades, tanto para quienes los consumen como para quienes los producen?
- ¿No sería más eficiente económicamente y más saludable reorientar las políticas públicas e invertir en una transición alimentaria que garantice dietas saludables, asequibles y sostenibles, reduciendo de manera drástica los costos actuales sobre el sistema de salud?
- ¿Cuál es el coste real que la población está asumiendo para sostener el modelo productivo vigente y quiénes son los actores que se benefician de la externalización de sus impactos negativos?