Autor invitado: Daniel Gaitán, Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) y Carasso Fellow 2021
La compra pública alimentaria es más que una simple tarea administrativa; representa un compromiso político y social que puede moldear el curso futuro de nuestros sistemas alimentarios promoviendo una alimentación más sostenible y saludable. Desde la adquisición directa (suministros) o indirecta (servicios) de alimentos por parte de instituciones públicas como escuelas y hospitales, este proceso tiene el potencial de generar un impacto profundo en la forma en que producimos, distribuimos y consumimos nuestros alimentos.
Al reflexionar sobre los criterios que guían la elaboración de los menús y la selección de proveedores de alimentos, se abre una ventana hacia la integración de perspectivas relacionadas con la sostenibilidad y la salud. Por ejemplo, dar prioridad a la inclusión de más verduras, frutas y legumbres, así como optar por productos ecológicos, frescos, de temporada y locales, no solo mejora la salud, sino que también tiene un impacto positivo en diversos aspectos.
Estos cambios pueden desencadenar una serie de beneficios económicos, ambientales, sociales y nutricionales, desde fomentar prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente y apoyar a los agricultores locales, hasta mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente para aquellos grupos vulnerables que a menudo luchan por acceder a una alimentación saludable. De esta manera, tales elecciones contribuyen de manera significativa a abordar problemas como el cambio climático, la despoblación rural y los desafíos relacionados con la nutrición, como la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad infantil.
Un informe liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con la Alianza de Bioversidad Internacional y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), subraya la importancia crítica de implementar estos cambios para construir sistemas alimentarios más sostenibles y saludables.
A pesar del creciente reconocimiento de su potencial transformador, la implementación de la compra pública alimentaria responsable sigue siendo limitada en el contexto español.
¿Cuáles son los desafíos y barreras detrás de las limitaciones de la compra pública alimentaria?
Recientemente, dos estudios han destacado los desafíos que obstaculizan la adopción más amplia de la compra pública alimentaria responsable. Uno de ellos, titulado «Transformando sistemas alimentarios: Compra pública alimentaria responsable, actores e iniciativas en España«, fue liderado por el ICTA-UAB y recibió apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso a través de la Daniel Carasso Fellowship 2021. El otro estudio fue publicado en la revista científica Agricultural and Human Values.
Estas barreras van desde desafíos en la organización y profesionalización del sector ecológico local hasta la resistencia de la comunidad escolar a modificar los menús y hábitos poco saludables. La conexión entre la producción agrícola local y el consumo en los centros públicos se ve obstaculizada por limitaciones en el almacenamiento y la logística para la distribución de los productos. Además, persisten desafíos relacionados con el conocimiento limitado del personal administrativo para integrar criterios de salud y sostenibilidad en los contratos de alimentación, así como la falta de mecanismos de control para evaluar el cumplimiento de estos contratos, incluso cuando los criterios se incorporan. La ausencia de compromiso por parte de las administraciones, la falta de estructuras de gobernanza sólidas, junto con marcos regulatorios débiles, contribuye aún más a dificultar su implementación.
¿Cuáles son los elementos fundamentales para abordar estos desafíos y barreras compra pública de alimentos?
Los mismos estudios, al examinar iniciativas innovadoras como el programa Ecocomedores de Canarias, el proyecto Hemengoak en Pamplona, Navarra, y el servicio de alimentación para escuelas infantiles en Barcelona y Valencia, entre otros, nos brindan elementos fundamentales para abordar estos desafíos.
Es esencial, en primer lugar, reconocer la naturaleza sistémica de los desafíos y la necesidad de un enfoque integral. Cada obstáculo está interconectado, por lo que abordarlos requiere una estrategia que contemple todas las partes del sistema alimentario. Por ejemplo, un cambio hacia la adquisición de productos ecológicos, frescos, locales y de temporada debe ir acompañado de estrategias para profesionalizar el sector productivo, establecer canales cortos de comercialización, rediseñar los menús, capacitar al personal de cocina y sensibilizar a la comunidad educativa.
Esta comprensión destaca la importancia de la colaboración entre diversos actores y la acción colectiva como pilares del éxito de estas iniciativas. Los denominados «intermediarios de transición» desempeñan un papel crucial en esta acción colectiva al articular visiones futuras, desarrollar estrategias, movilizar apoyo esencial, y facilitar el diálogo y la creación de redes colaborativas entre las partes interesadas. Ejemplos de estos intermediarios incluyen el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) en Canarias, organizaciones sociales como el CERAI y Justicia Alimentaria en la Comunidad Valenciana, así como la asociación de productores y elaboradores de alimentos ecológicos, conocida como Ekoalde, en Navarra.
Dada la diversidad de actores involucrados, los estudios también enfatizan la importancia de establecer mecanismos efectivos para la negociación y la resolución de conflictos. La capacidad de dialogar y resolver diferencias es crucial para mantener el progreso y la cooperación entre todas las partes interesadas. Por ejemplo, el modelo de gobernanza participativa establecido en Cataluña entre la central agroecológica Ecocentral, las empresas gestoras de comedores escolares y los agricultores ecológicos locales, así como los grupos de trabajo del Consejo Alimentario Municipal de Valencia, son ejemplos de cómo se han establecido espacios de diálogo para promover la cooperación.
Otro aspecto clave es la adaptación de las estrategias al contexto específico de cada región. Si bien existen barreras comunes, no hay una solución única para todos. Esta adaptabilidad es fundamental para abordar desafíos y aprovechar oportunidades locales.
La presencia de un marco normativo favorable, como la Ley Foral de Contratos Públicos 2018/2 de Navarra, respaldado por un liderazgo político sólido, como se evidencia en el caso de Ecocomedores en Canarias, también emerge como elementos necesarios para impulsar la compra pública alimentaria responsable. Este liderazgo debe reconocer la compra pública alimentaria como una herramienta de política horizontal, con la implicación de diversas áreas de gobierno, incluyendo agricultura, medio ambiente, salud, educación, economía y desarrollo social.
Finalmente, las diferentes iniciativas analizadas en los estudios demuestran que es posible implementar una compra pública de alimentos responsable, lo que puede inspirar a otras regiones a emprender esfuerzos similares.